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El fiscal Marcelo Colombo desde hace varios años está a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), una unidad fiscal que brinda asistencia y acompañamiento a los fiscales que investigan a las mafias de los prostíbulos y a los empresarios que explotan a trabajadores en el campo.
A tanto llega su reconocimiento que la candidata a presidenta de los Estados Unidos, Hillary Clinton, le concedió en 2012 el Premio a los Héroes contra la Trata de Personas por su compromiso en la lucha contra esta nueva forma de esclavitud.
Trata sexual y laboral
–¿Cuál es el rol de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas?
–La Protex está pensada como una unidad fiscal de apoyo a los fiscales federales de todo el país. Colaboramos en detectar, investigar y litigar los casos en juicio oral, con distintas características. Podemos iniciar investigaciones preliminares en todo el país, pero una vez que hacemos la denuncia, en la jurisdicción que fuera, el caso queda en manos del fiscal de esa jurisdicción y a partir de ahí nuestra intervención es más indirecta, es decir, podemos colaborar pero siempre y cuando el fiscal nos convoque. Básicamente, la idea de la unidad es asistir a los fiscales, fijar protocolos de actuación, tratamos de identificar cuáles son los focos de problemas que puede tener un fiscal cuando investiga un caso de trata y bajamos lineamientos generales para ello. También hacemos recopilación de sentencias y procesamientos y hacemos análisis cualitativos sobre la dinámica de la trata sexual y laboral.
–La Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a las Víctimas ya tiene ocho años de vigencia. ¿Se ha podido armar un mapa de la trata en el país o establecer las características de esta modalidad delictiva?
–Tenemos lo que llamamos trata sexual y trata laboral. En los últimos tres años hay un avance de más sentencias y procesamientos por trata laboral que antes, aunque el porcentaje sigue siendo más alto en el caso de trata sexual. El 75% de las condenas son por trata sexual, frente al 25% de condenas por trata laboral. En lo que es el mercado de explotación laboral, los casos que más han llegado a juicio son en el sector agropecuario y en los talleres textiles en la Ciudad de Buenos Aires, también hay casos de servidumbre doméstica y han empezado a emerger casos en ladrilleras y en el sector de la construcción. La mayoría de las víctimas provienen de Bolivia, principalmente en el sector textil, que es el que más condenas tiene; y también los victimarios son de nacionalidad boliviana, por la propia lógica de cómo se fueron consolidando y segmentando los talleres de producción de indumentaria. Por ejemplo, se ha detectado que a medida que cada taller necesita incrementar la producción, lo que hacen es encargar a quienes están a cargo que traigan a alguien más de Bolivia, quizá un familiar o un amigo, para que se abra un pequeño taller. Entonces ocurre que gente que explote ahora, ha sido explotada hace cinco años. En lo que hace a explotación sexual, hay un alto porcentaje de víctimas procedentes de Bolivia, Paraguay, Argentina y República Dominicana; y los lugares de explotación siguen estando en el sur y en las grandes ciudades.
–En ese escenario, ¿cómo está Entre Ríos y qué lugar ocupa en el mapa nacional?
–En Argentina ocurren todas las modalidades del delito de trata: captación, transporte y explotación. Yo diría que Entre Ríos es un lugar de explotación. Hay muchas unidades explotativas, mercados prostibularios y también se explota personas en establecimientos agropecuarios. Lo que también tiene Entre Ríos es la Ruta Nacional 14, donde se habían instalado varios prostíbulos reconocidos hasta que fueron cerrados. Eso hace que tenga las características de lugar de explotación, pero también hay que destacar la decisión de ir hacia delante con el cierre de prostíbulos y un compromiso político para su erradicación.
Nuevas Formas
Una característica que muestran las redes de trata es la capacidad de evolución permanente en las formas de explotación. La prohibición de los prostíbulos hizo que aquellos que antes funcionaban con habilitaciones precarias de los municipios o al costado de las rutas ahora se concentren en departamentos privados, bajo el eufemismo de las masajistas, por ejemplo.
–Las redes de trata están mutando permanentemente las formas de sometimiento de las mujeres para que resulte más complicado probar que están esclavizadas. ¿Cómo se trabaja para detectar las nuevas modalidades delictivas?
–Lo que notamos desde 2008 hasta ahora, como diferencia con los primeros casos, es que hay menos casos de explotación sexual de menores, lo que lleva a pensar que las organizaciones se están cubriendo un poco más y no están utilizando menores para la explotación, porque eso las dejaba muy en evidencia; y, por otro lado, se advierte que antes había más casos de lo que nosotros denominamos "trata dura", que son aquellos donde hay condiciones de encierro, situaciones de ablande y una utilización de la fuerza. La mutación del delito hace mucho más difíciles las investigaciones de trata porque se dan restricciones mucho menos evidentes de la libertad, controles más sutiles o establecimiento de deudas, que son formas de dominio que te dejan siempre con muy pocas chances de elegir otra posibilidad que no sea el sometimiento; y además eso hace que a algunos jueces les cueste más ver un caso de trata ahí.
–¿Qué nuevas modalidades de explotación se han detectado?
–Algo nuevo que ha surgido en los privados de la Ciudad de Buenos Aires son situaciones de explotación sexual donde las mismas mujeres se presentan como integrantes de una cooperativa, es decir, cuatro chicas que se juntan en un departamento, pagan los gastos en forma solidaria y cada una atiende individualmente. A veces te dicen que viven en ese lugar y cuando abrís los placares no hay nada o les preguntás con quién firmaron el contrato de locación y no saben, entonces ahí se empieza como a desnudar esa excusa que les imponen los explotadores. Otra cosa que estamos viendo son formas de explotación en los spa, donde hay muchas mujeres que se han inscripto como masajistas y monotributistas, pero cuando se indaga un poco, resulta que solo atienden a hombres; también los grupos swinger, donde hay una cabeza que está ideando ese tipo de encuentros y poniendo en esa fiesta a mujeres en situación de prostitución para que presten servicios sexuales con clientes que van y pagan. Esos son los casos más vidriosos y más complicados de probar, porque muchas veces los jueces se quedan con el primer relato de las víctimas y cierran el caso.
–Eso también revela, sin caer en generalizaciones, una falta de capacitación y de conciencia de los operadores judiciales.
–Creo que lo segundo. Pero también implica asumir una resignificación del rol del fiscal, que todavía está en construcción, porque nosotros estamos peleando por un sistema acusatorio donde nos den las plenas facultades para investigar, que seamos los verdaderos titulares de la acción pública. El fiscal es el tipo que tiene que llevar adelante una investigación, defender su caso en un juicio y salir a explicar en términos razonables y lo más llanamente posible cómo hace las cosas, porque en definitiva está defendiendo los intereses de todos. Nosotros, como fiscales, tenemos la obligación de explicar en un juicio lo que es una explotación sexual de una manera que la entiendan, no solamente los jueces sino el público, y cuáles son los daños genera, para que eso tenga también un reproche social. En los juicios por jurados eso se ve muy claramente porque hay que convencer al lego de la acusación que uno está haciendo.
Las redes detrás de la explotación
Las investigaciones judiciales realizadas en la provincia no han detectado grandes organizaciones criminales detrás del delito de trata ni exportación de mujeres a otros países. Sin embargo, informes policiales advierten que tras el cierre de prostíbulos dispuesto por ley en el año 2012, muchos de esos proxenetas que regenteaban locales en Entre Ríos instalaron sus negocios en la República Oriental del Uruguay y que la gran mayoría comenzó a trabajar con el negocio del narcotráfico.
–¿Se han detectados grandes redes de trata en la Argentina?
–Hace dos o tres años te hubiese dicho que no; hoy te digo que algunas se han detectado y, lo que es más importante, se han condenado. En Mar del Plata hemos logrado la condena de una organización muy importante que llevaba chicas hasta un prostíbulo madrileño que se llama El Mirador, que es el primer caso donde se detectó trata trasnacional y transoceánica. Hay otros casos, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires estamos llevando a juicio a cinco explotadores sexuales que tenían varios prostíbulos de los denominados privados, y una pareja que es muy conocida, que uno de ellos empezó como tarjetero y terminó teniendo un emporio de privados; en La Pampa hay dos intendentes procesados y también está el caso del fiscal federal de Paso de los Libres. En ese sentido, se nota que hay un avance en eso y nos deja con perspectivas satisfactorias, porque cuando uno se enfrenta a organizaciones de estas características, sirve para demostrar que no siempre se corta el hilo por lo más delgado, que es muchas veces la lógica del sistema penal, y eso permite mirar el futuro con más optimismo.
–¿Qué características son las que definen a una organización o red de trata?
–Nosotros tenemos tres reglas al momento de elegir casos en los cuales involucrarnos y colaborar con los fiscales, que surgen del Protocolo de Lucha contra el Crimen Organizado de las Naciones Unidas: primero, si hay una investigación patrimonial respecto de la organización, para poder después decomisar esos bienes; segundo, si hay complicidad de funcionarios públicos, porque eso significa que se trata de una organización que ha logrado generarse impunidad y cierta connivencia para permanecer en el tiempo; y tercero, si hubo obstrucción de justicia, es decir, si las víctimas o testigos están siendo amenazados o coaccionados para evitar que el proceso siga adelante. Esas tres cuestiones son las que te permiten identificar a una verdadera red del crimen organizado.
Sin presiones y un dato negativo
¿Han recibido llamados, presiones, sugerencias o les han planteado algún tipo cambio en la forma de trabajar a partir del cambio de gobierno?
–No, para nada. En la Procuración General se han mantenido en el tiempo los planes de trabajo y las acciones que llevamos adelante. Las limitaciones, aciertos y errores, es responsabilidad nuestra. Habrá que ver a futuro cómo se sigue trabajando: para investigar los casos de trata, necesitás que te acompañe el Estado, que existan dispositivos de rescate, que sigue funcionando en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y también un área como el Renatea, que antes estaba y a nosotros nos detectaba muchos casos de trabajo agrario, y hoy no está más. Ese es un aspecto negativo de la nueva gestión y nos preocupa mucho, porque si no es por las inspecciones laborales, es muy difícil conocer los casos de explotación.
Fuente: El Diario de Paraná.
Autor: Juan Cruz Varela.
