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La trágica muerte de Mariana Roby visibilizó las serias falencias para contener este complejo problema. Falta de presupuesto y de operadores jurídicos capacitados y escasos recursos físicos dificultan la tarea
El femicidio de Mariana Roby puso en agenda una vez más las dificultades que tiene el Estado para abordar y contener a las víctimas de violencia de género:
*Falta de presupuesto para las áreas específicas, como la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Dirección de Derechos de Género y Diversidad.
*Falta de capacitación permanente para todos los operadores de la Justicia que reciben las denuncias, las viabilizan y juzgan.
*Pocos recursos físicos dónde contener a las víctimas, ya que existe un sólo refugio en Guaymallén y un segundo está en proceso de construcción en la Cuarta Sección de Capital.
En otras palabras, la creciente demanda de víctimas de violencia no siempre pueden ser contenidas como requiere la situación, y un caso que puede ser en principio, de bajo riesgo, en horas puede dar un vuelco irreparable.
Al teléfono 144, la línea dispuesta para orientar a las mujeres y asesorarlas respecto de qué pasos seguir para terminar con una relación enfermiza, se recibieron desde setiembre del año pasado hasta ahora 1.600 consultas, de las cuáles un número no especificado por la Dirección de Género, requirió ayuda concreta.
Esto coloca a Mendoza en el tercer puesto, dentro de todas las provincias argentinas, luego de Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, con más consultas a la línea.
A la vez, en la Oficina de Asistencia Jurídica de Violencia contra la Mujer (Ofavmu), que funciona en el Poder Judicial, desde enero hasta ahora intervinieron en 1.200 casos, esto es, lograr que la mujer no sólo haga la denuncia, busque un nuevo modo de vida sino trabajaba y cumpla con la orden de restricción si la hubieran gestionado, sino también que pueda sostener el proceso judicial contra su ex pareja, algo difícil sobre todo cuando existe vulnerabilidad económica y debilidad emocional para enfrentar el juicio, presentar testigos, en definitiva, revivir el drama.
“Si el caso es grave, la entrevista a esa mujer que denuncia debe durar por lo menos una hora, deben estar presentes al menos tres personas: el abogado, la trabajadora social y una psicóloga, para tener una visión completa del problema y así para tomar las mejores medidas de acuerdo al caso. Esto es lo que corresponde, pero no pasa así. Faltan recursos materiales y equipos preparados para abordar la violencia de género.
Tenemos un equipo chico y si nos cae mucha gente, materialmente no es posible atender a todos, entonces se seleccionan los casos más graves. Pero resulta que a veces, los que aparentemente no son graves, de repente se tornan graves porque no sabemos cómo puede actuar el agresor”, explica Stella Spezia, coordinadora de la Ofavmu.
Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, su titular Juan Manuel González explicó que su área no cuenta con recursos propios y que debe referenciarse a la Subsecretaría de Desarrollo Social para obtenerlos. En el presupuesto 2014 habían solicitado $16 millones, que finalmente no fueron autorizados.
Para González, el serio problema que tiene el Estado para abordar las consecuencias de la violencia de género también radican en que “en caso de que una persona mate a otra, va preso, pero no si hay lesiones leves, como una piña, no es un delito. Es necesario hacer un cambio a nivel cultural, y concientizar a todos en materia de género, desde la escuelas hasta los operadores jurídicos”.
El funcionario reconoció que en las actuales condiciones, una mujer debe elegir el mal menor: salir de su casa para no morir y recurrir a un Estado endeble. “El Estado debe tener herramientas, con planes de trabajo y se está actuando para que esto sea efectivo”, indicó.
Tanto Spezia como González también admitieron como una debilidad las escasas posibilidades de garantizar que los victimarios cumplan con la orden de no acercamiento a sus víctimas, y mucho depende de la voluntad del comisario de la zona de estar atento y de la propia mujer, de comunicarse con los entes oficiales.
Mariana Roby estaba separada, pero era asediada por su ex esposo, Marcelo Manino. Esto derivó en una denuncia en el Juzgado de Familia Nº8 de Godoy Cruz y la resolución de una orden de restricción contra Manino resuelta el 20 de agosto pasado en ese ámbito, como así también el inicio de su comunicación hacia las comisarías correspondientes, según datos de la investigación que lleva adelante la fiscal Claudia Ríos.
Lo que aún no ha sido revelado a los medios por la Fiscalía de Delitos Complejos, es el detalle si la orden de restricción fue comunicada fehacientemente y si esto pudo haber enfurecido al victimario.
fuente:Carina Luz Pérez
perez.carina@diariouno.net.ar
