Detectan casos de trabajo infantil y adolescente en la ciudad de Concordia

Como resultado de varios operativos de fiscalización realizados en el departamento Concordia, inspectores laborales del Ministerio de Trabajo de Entre Ríos, de las Delegaciones Paraná, Diamante y Villaguay junto con el Sindicato Obrero de la Fruta de Concordia, detectaron dos casos de explotación laboral de menores en la localidad de Calabacillas, departamento Concordia.

Se trata de una niña de 15  y una adolescente de 17 años, que realizaban tareas de recolección de arándano. El gobierno provincial realizará las correspondientes denuncias penales por el delito de explotación laboral infantil y adolescente.

 La Delegación Departamental Concordia del Ministerio de Trabajo de la provincia, por expresa instrucción del Secretario de Trabajo, Aníbal Brugna, llevará a cabo la denuncia penal ante la Fiscalía correspondiente.

 Luego de constatar la minoridad de los trabajadores se labró acta de infracción directa al empleador por emplear menores de edad para beneficio propio. Las niñas quedaron a cargo del Copnaf. Además, la policía de Entre Ríos participó del operativo.

El Secretario de Trabajo lamentó la noticia considerando que «es hora de que todos comprendamos que sólo los niños que se eduquen estarán en igualdad de oportunidades mañana». 

El niño que trabaja llega a la edad adulta sin la preparación necesaria para acceder a ocupaciones calificadas, circunstancia que le impide modificar su situación de precariedad. Así, el trabajo infantil perpetúa el círculo vicioso de la pobreza».

Y consideró que «el hecho de que se pueda condenar penalmente a los responsables de la explotación infantil constituye un paso importantísimo y se ubica en sintonía con la lucha que se está impulsando a nivel nacional y provincial para erradicar la problemática de una vez por todas».

Luego señaló: «El gobernador Urribarri ha expresado en reiteradas oportunidades la importancia que tiene contar con el respaldo de una ley que ahora condena penalmente a quien utilice laboralmente a los menores».

Agregó que «el contratar o tener trabajando a un menor de 16 años ya no solo se sanciona con la imposición de una multa, sino que también el empleador puede ser sancionado penalmente con prisión de uno a cuatro años».

Luego, el titular de la cartera laboral entrerriana señaló que «El trabajo infantil es un problema histórico en nuestro país, una problemática que en décadas pasadas casi no tenía condena social y paradójicamente, era considerada parte de la cultura».

Destacó que «ya no hay lugar para especulaciones o justificaciones culturales. Hoy la demanda de saberes y competencias exige educación como base para estar en igualdad de oportunidades y el trabajo infantil es un delito penal».

Tolerancia cero

El modelo de provincia que encabeza el gobernador Sergio Urribarri -basado en el crecimiento económico, en incorporar valor agregado a la producción primaria y en el consumo interno- tiene como ejes centrales a la niñez y a la educación. Sólo así Entre Ríos seguirá creciendo con más igualdad de oportunidades y más inclusión social. 

En ese marco, no hay margen de tolerancia para el trabajo infantil.

Acciones

A fin de cumplir con tan ambicioso y complejo propósito, la cartera laboral entrerriana desarrolló estrategias de articulación con todas las áreas gubernamentales que desempeñan una labor directa con la problemática en el territorio provincial, o aquellas que por su marco de acción o mandato tienen injerencia en la temática; todo enmarcado en el diálogo social sumando a las organizaciones de trabajadores y empleadores.

Cabe destacar el crecimiento de la Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil en Entre Ríos (Copreti), organismo integrado por todos los ministerios del poder ejecutivo provincial, el poder judicial, entidades gremiales y ONG´s.

Se viene y se sigue comprometiendo a los presidentes municipales y de juntas de gobierno en la erradicación del trabajo infantil mediante campañas de difusión, charlas y celebración de convenios de cooperación y colaboración; se están desarrollando múltiples acciones tendientes a conformar una Red de Empresas en contra del trabajo infantil que firmen una carta compromiso mediante la cual se comprometan a no beneficiarse ni directa ni indirectamente del trabajo de los chicos, entre otros puntos.

Además, se ampliaron los canales de denuncias para casos de trabajo infantil, posibilitando que el ciudadano denuncie por mensaje de texto a un celular especialmente habilitado, por teléfono, vía Web o personalmente en la sede del Ministerio o sus Delegaciones Departamentales en toda la provincia y se implementó un sistema de planificación integral de las inspecciones, lo cual permitió triplicar la cantidad y mejorar la calidad de las inspecciones en toda la provincia, sumando acuerdos estratégicos con las asociaciones sindicales que demandan nuestros servicios en sintonía con los objetivos del organismo.

Cabe destacar que en septiembre de 2012, Entre Ríos ha regulado el trabajo artístico infantil, convirtiéndose su Ministerio de Trabajo en la quinta administración laboral a nivel nacional en reglamentar el procedimiento de autorización y control de dicha actividad, sumándose a provincias como Salta, Córdoba, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además, el organismo viene realizando diferentes acciones y campañas de sensibilización, concientización y difusión de la problemática con el objetivo de que en la provincia se condene esta práctica y que nadie naturalice ver a un niño trabajar.

Denuncias

Erradicar el trabajo infantil en Entre Ríos es un trabajo de todos. Si ves un caso de trabajo infantil denúncialo vía SMS al (0343) 154.721.313

Emergencia por violencia de género

En la Corte Suprema y en la ciudad  ,se reciben 50 denuncias diarias. Pero no siempre hay respuesta inmediata. Dos diputadas y la Asociación de Abogados porteños exigen que se declare la emergencia. 

Los casos se suceden y espantan. Una mujer denuncia que su ex pareja la picaneó 4 horas, otra muestra una filmación de su ex novio pegándole adelante de su hija, una tercera está internada porque el ex marido le disparó, la esposa del bajista de Divididos denunció que le dio una paliza. Son noticias de los últimos dos días. Las oficinas de violencia doméstica de la Corte y de la Ciudad suman unas 50 denuncias diarias. Pero cuántas mujeres habrá que no pueden ni hablar. Es que la Justicia no siempre responde a tiempo y con tino y entonces la denuncia se vuelve en contra, generando más violencia. 

Dos diputadas y la Asociación de Abogados porteños pidieron el miércoles 15 de agosto que se declare la “emergencia nacional” por la violencia de género. “Hay que darle impulso al proyecto de ley para declarar la Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género, que ya presentamos en el Congreso –sostuvo la legisladora del FAP, Virginia Linares–. Pretendemos que se implemente cabalmente la ley 26.485 de protección integral para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, que fue sancionada en 2009. Esta ley contiene un elenco de políticas públicas integrales que deben ser diseñadas y puestas en marcha por el Consejo Nacional de las Mujeres, y de las cuales no hemos visto ninguna aplicación concreta”. 

Victoria Donda, también de FAP, agregó: “El problema se ataca con políticas integrales, con urgencia, decisión política firme. Vemos femicidios y mujeres brutalmente violentadas a diario”. 

Raquel Asensio, de la Comisión de la Mujer de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, sostuvo lo mismo: “Se debe dictar la emergencia. El Poder Judicial está desbordado por la avalancha de casos. El personal que atiende estas situaciones no está bien preparado y no hay presupuesto. Tampoco hay garantías para la mujer que denuncia. El hombre con exclusión de hogar vuelve en forma impune porque no tiene sanción”. 

Se avanzó con la apertura de centros de denuncia, pero faltan respuestas para el después. Se sabe, la denuncia es un boomerang. “La Justicia dictamina la exclusión de hogar, pero eso no garantiza que se cumpla. ¿La policía debe hacerlo cumplir? La violencia doméstica es muy particular, a veces las propias mujeres no sostienen las denuncias. Por eso se deben dictar políticas sociales, con abogados y psicólogos que las acompañen en el proceso, viviendas para el después y servicios para sus hijos –opina Natalia Gherardi, abogada del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género–. El Poder judicial en soledad no resuelve nada. Es un problema de la sociedad”. 

Gonzalo Sansó, de la Oficina de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal de la ciudad, explica que el esquema de la justicia tradicional no es efectivo en la violencia doméstica: “Es un tema con aristas particulares. Lo esencial ante una denuncia es evaluar el nivel de riesgo, y ese informe debe ser entregado al fiscal en horas para que dé las recomendaciones de cuidados específicos”. 

Las mujeres pueden llamar a teléfonos de urgencia o en la Ciudad pueden llegar a recibir el botón antipánico, que activan cuando el agresor viola la exclusión: “En casos graves se pide un policía en la puerta de la casa, y en más extremos, prisión preventiva. Estos pedidos hay que hacerlos desde la Justicia Penal, porque la Civil no prevé sanciones”. En esto, los especialistas también coinciden: “Un hombre que viola la exclusión de hogar o la restricción de acercamiento y no es sancionado se siente impune, y refuerza su nivel de violencia”. 

Un informe de ONGs sobre la situación de la mujer en Argentina, dice: “Quedan obstáculos importantes para que las mujeres tengan acceso pleno a la justicia. Faltan mecanismos específicos de reparación a las víctimas de violencia de género, no existen normas punitivas específicas sobre femicidio. El acceso a la justicia de las mujeres que lo necesitan es difícil de lograr”. 

El 11 de septiembre el Poder Legislativo aprobó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) elaborado por el Ejecutivo, en el cual se fijaba a la provincia en estado de Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género. A través del “Plan de Prevención, Abordaje y Erradicación de la Violencia de Género”, el Gobierno anunció la creación de cinco juzgados de violencia familiar, una fiscalía de violencia de género, la construcción de dos nuevos refugios y se entregarán botones antipánico.